Ejército de Tierra

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En los armamentos producidos durante los siglos XVIII y XIX, resulta fácil distinguir los "modelos de munición", costeados por la Real Hacienda para el equipo de tropas, de aquellos que por sus características de lujo constituyeron una producción "comercial" destinada a atender la demanda de unos "particulares" con medios para costeársela, y a juzgar por los ejemplares de pistolas llegadas hasta nuestros días, construidas durante el siglo XVIII, se diría que en Cataluña las pistolas "comerciales" se produjeron en mayor número que en el País Vasco.

Esta conclusión puede resultar sorprendente, ya que desde octubre de 1714, en Cataluña la tenencia y retención de armas se castigaba con las penas de " muerte, quema de la casa y confiscación de bienes ", y desde noviembre de 1715, su manufactura estaba rigurosamente controlada. Solo podía realizarse en unas pocas y determinadas ciudades o pueblos, y debía limitarse a " aquellas que se fabricaren por cuenta de Su Majestad ", requiriendo las de otro tipo, en cada caso, de una autorización o licencia expedida por la máxima Autoridad: el Capitán General del Principado.

En sus "Memorias Militares", el marqués de la Mina, Capitán General del Principado entre 1742 y 1767, relataba como había mandado " recoger los despachos de armas dados por mis antecesores a las gentes del país ", y " al que quiso continuar en el uso de la escopeta " le hizo abonar dos doblones de oro, cantidad que duplicó en la concesión de nuevas licencias, añadiendo " Adviértase que esta voz general de licencia de armas se entiende sólo para escopeta, pues pistolas a nadie se concede, ni al primer caballero catalán ".

La producción en Cataluña de pistolas "comerciales" hubo de atender, en gran parte, la demanda de los denominados "oficiales comisionados", que acudían a Barcelona para contratar la manufactura de pistolas destinadas a los oficiales del regimiento al que pertenecían. En Cataluña, la manufactura de estas armas requería de una autorización del Capitán General, que en su caso no les sería difícil obtener. Muy distinto ocurría en el País Vasco, sobre todo a partir de 1753, que la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas pasó a controlar la producción de las RR.FF. de Placencia como "asentista general", con potestad para obligar a cuantos armeros residieran allí, a no trabajar en otras producciones que en la de los "armamentos de munición" que tenía encomendada.

La Instrucción de 1722 establecía las marcas que en los armamentos de munición permitirían identificar la fábrica de procedencia, y para la de Cataluña impuso la inicial C coronada, estampada en la recámara del cañón. En las pistolas "comerciales" catalanas, la marca C coronada sólo la tengo vista en la que constituye pieza Nº 1963-196 de la Colección del M.M.M., que permite considerarla costeada por la Real Hacienda en igualdad a los armamentos de munición.

 

Textos y fotografias de Juan L. Calvó